¿Cuándo es obligatorio el convenio regulador?

Firmante de la sección 50 de Hud

El Acuerdo Marco de Información Reglamentaria (MRRA) ofrece a los participantes en el mercado la opción de utilizar una plantilla única para ayudarles a gestionar las obligaciones reglamentarias y prestar servicios relacionados con la información en virtud del Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (EMIR) y el Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores (SFTR).

El MRRA establece las condiciones comunes que rigen la notificación obligatoria y delegada de las operaciones con derivados en virtud de EMIR, compatibles con los cambios introducidos a través de EMIR Refit, así como las operaciones de financiación de valores en virtud del SFTR. El acuerdo también se ha redactado con vistas a garantizar que estos términos sigan siendo efectivos después del Brexit.

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(1) La HFA debe ejecutar un Acuerdo Regulador, en forma registrable, entre el deudor hipotecario y la HFA para que esté en vigor durante la duración de la hipoteca asegurada y el pagaré o bono. El Acuerdo Regulador debe incluir una descripción de la propiedad. El Convenio Regulador debe incorporarse por referencia a la hipoteca y registrarse con ella.

(2) El Convenio Regulador ejecutado entre la HFA y el deudor hipotecario debe ser vinculante para el deudor hipotecario y cualquiera de sus sucesores y cesionarios y para la HFA y cualquiera de sus sucesores mientras la hipoteca esté asegurada por el HUD o el HUD tenga una obligación de la HFA emitida en relación con una reclamación derivada de la hipoteca asegurada. La HFA no podrá ceder el Convenio Regulador.

(3) La HFA hará cumplir el Convenio Regulador y tomará medidas contra los deudores hipotecarios que violen sus disposiciones. Dichas acciones pueden implicar la declaración de incumplimiento y la solicitud a cualquier tribunal del cumplimiento específico del acuerdo.

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A lo largo del siglo pasado, a medida que el Estado regulador fue ampliando su alcance, los tribunales abordaron con frecuencia las reclamaciones de que las acciones reguladoras equivalían a una toma de posesión inconstitucional. Recientemente, sin embargo, la legislación en los sectores de las telecomunicaciones y la energía eléctrica ha puesto en primer plano la preocupación por la desregulación.

En este artículo de referencia, el Sr. Sidak y el profesor Spulber presentan el primer análisis detallado de la interacción entre la desregulación de la cláusula de expropiación, la fijación de precios de la red y el derecho contractual. En el caso típico de las industrias reguladas, las empresas y sus inversores acuerdan soportar considerables «cargas incumbentes» a cambio de una tasa de rendimiento regulada. Sidak y Spulber demuestran en primer lugar que este acuerdo representa un contrato de regulación y concluyen que las recientes medidas desreguladoras constituyen un incumplimiento. A continuación, los autores sostienen que, independientemente de que exista o no un contrato de regulación, la reciente desagregación obligatoria en el sector de la energía eléctrica y la regulación de acceso abierto en el ámbito de las telecomunicaciones efectúan una toma de posesión sin compensación justa. Por último, basándose en conceptos como las expectativas respaldadas por la inversión y la regla del precio eficiente de los componentes, los autores no sólo demuestran que los daños serían equivalentes según la teoría de los contratos o la de la expropiación, sino que también advierten que los gobiernos podrían enfrentarse a una enorme responsabilidad por sus medidas desreguladoras.

Qué es un convenio regulador

La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de dicho espacio, la Comunidad adoptará medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil con incidencia transfronteriza en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior.

Según la letra b) del artículo 65 del Tratado, estas medidas deben incluir las que promuevan la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflicto de leyes y de jurisdicción.

El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil e invitó al Consejo y a la Comisión a adoptar un programa de medidas para aplicar dicho principio.

El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa conjunto de la Comisión y el Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). El programa identifica las medidas relativas a la armonización de las normas de conflicto de leyes como aquellas que facilitan el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.